Causa N° FSA 8246/2014/TO1/CFC1, caratulada “GUERRERO, Alejandro Ricardo y FLORES CAZÓN, Agustín s/ recurso de casación”

“El a quo tuvo en cuenta al decidir la absolución de los imputados que no se vio afectada la libertad de las víctimas porque no había en la finca un control perimetral que impidiera la entrada y la salida de los empleados, y porque tenían comunicación con sus grupos familiares y que no recibían amenazas, pero ha soslayado sin dar debidas razones, que la afectación a la dignidad y la libertad de autodeterminación de las víctimas pudo haber sido causado como consecuencia de las condiciones laborales en las que estaban sometidas, como bien lo resalta el recurrente, más allá de la libertad locomotriz”.

“Así, yerra el sentenciante en este punto, ya que el hecho de que las malas condiciones sean algo que normalmente se dan en esta zona, no resulta una fundamentación válida para explicar que en este caso en particular dicha circunstancia no haya producido una lesión a la dignidad de las víctimas”.

“Eso mismo ocurrió respecto del salario que le prometieron a las víctimas, que no sólo para algunos era incierto el momento del pago sino que además era muy por debajo del mínimo vital y móvil. Ello fue reconocido por el tribunal de juicio al indicar que estaba por debajo de un tercio del salario convenido para este tipo de actividad, pero nuevamente erra al intentar justificar esta situación con el hecho de que en la práctica siempre se paga menos de lo reglamentado”.

“Resulta arbitraria la conclusión arribada por el a quo respecto a que con los elementos probatorios habidos sólo pudo corroborarse que se está frente a un trabajo en negro, precario, con muy malas condiciones de alojamiento pero quedando la duda de si se trató de una explotación laboral que configure el delito previsto en el art. 145 bis del C.P. Lo hasta aquí reseñado evidencia que el tribunal de juicio sustentó el estado de duda en una valoración parcializada del total material probatorio, omitiendo llevar a cabo un análisis conglobado de las declaraciones aportadas tanto por las víctimas, los funcionarios de la AFIP, los padres de los damnificados menores de edad, las licenciadas del programa de rescate de las víctimas de trata y las fotografías adjuntadas a la presente causa”.

“El tribunal de juicio ha incurrido en un análisis generalizado de diversas realidades y en una valoración arbitraria de las pruebas reunidas y de las circunstancias que de ellas emergen –reseñadas de manera acaba en el voto inaugural de este Acuerdo-, omitiendo asimismo llevar a cabo un análisis conglobado e integral del plexo probatorio y del contexto en el que se produjeron los hechos investigados. Es que las condiciones inhumanas de habitación provistas, sin acceso a agua potable, baños sin agua, camas que eran colchones o mantas apoyadas sobre cajones de tomates -algunos dormían de a dos por colchón, la extensión de las jornadas laborales, el monto del salario – inferior al convenido para la actividad desarrollada- y las condiciones particulares de las víctimas –escasa instrucción, en situación de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, algunos eran menores de edad y pertenecían a la comunidad originaria wichi-, configuran un cuadro que no permite sostener de manera fundada la absolución dispuesta por el tribunal de juicio”.

“En efecto, no puede soslayarse la condición de vulnerabilidad de los damnificados a partir de la difícil situación económica que atravesaban, las escasas o nulas posibilidades de progreso y la precariedad laboral que los
llevaron aceptar la propuesta de los imputados para desempeñarse en la forma verificada. En dichos términos se manifestaron las víctimas en sus declaraciones”.

“En el caso, la situación de vulnerabilidad de todas las víctimas operó como factor clave para la aceptación del trabajo, como ellas mismas reconocieron y, en tal sentido, esta condición fue aprovechada para que trabajaran para los incusos y así obtener amplias ventajas económicas que no tenían su correspondencia con la retribución a los trabajadores”.

“En razón de ello, como bien señaló el recurrente, no puede hablarse en este caso de consentimiento, máxime cuando la ley aplicable es clara en cuanto a que “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores” (artículo 1º ley 26.842). En ese contexto, la aislada consideración por parte del sentenciante del contenido de las declaraciones de los damnificados comporta la desnaturalización del delito investigado en la presente causa”.

“Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…la expresión y/o autoevaluación de la víctima respecto de la situación que atraviesa en el lugar sindicado como de explotación no puede confundirse ni asimilarse a un análisis sobre su supuesto consentimiento para ser explotada. Lo único relevante a tal fin es el análisis jurídico -como valoración jurídica y fáctica-normativa de su situaciónque, como tal, no puede cargársele al testigo de un proceso (y tanto menos a un testigo-víctima desinformado y estructuralmente vulnerable). Antes bien, ese análisis corresponde de un modo indelegable a los actores del proceso penal -fiscal y juez-, teniendo en cuenta no sólo los dichos vertidos en una declaración testimonial (tomada con los recaudos legalmente previstos para una posible víctima del delito de trata de personas), sino también, y casi más, valorando las restantes circunstancias que el caso presenta, máxime cuando la persona entrevistada se encuentra aún en el lugar de explotación” (cfr. “Competencia Nº 901. XLVI, Fiscal s/denuncia”, resuelta el 5/7/2011, por remisión al Dictamen del Procurador General de fecha 13/06/11)”.

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